1. El Sistema de Transporte Público de la Región Metropolitana (STP) es un servicio esencial, necesario para realizar normalmente la vida de todos sus habitantes. Como tal es un derecho y, por lo mismo, debe ser garantizado por el Estado.
2. En la articulación de factores y componentes del STP el sector privado puede tener participación. Sin embargo, la regulación del sistema como un todo compete al Estado. La garantía del ejercicio del derecho a movilizarse con calidad y a tarifas razonables no es delegable en privados. Tampoco es justificable para el Gobierno la tolerancia a las fallas del STP bajo el argumento de que se trata de un “conflicto entre privados” o de un “incumplimiento” de privados (lamentables ejemplos de ello son la incapacidad demostrada para hacer circular el número mínimo de buses comprometidos por los operadores o la incapacidad de hacer que el nuevo sistema habilite el mecanismo de monitoreo de frecuencias basado en tecnología GPS).
3. El eje del STP implantado en la Región Metropolitana bajo el nombre de Transantiago es el Ferrocarril Metropolitano o Metro de Santiago, administrado y operado por una empresa estatal, Metro SA, que ha demostrado con creces la capacidad de un ente público para gestionar un patrimonio social con eficiencia. Por lo mismo, no es conveniente que los graves problemas creados a los usuarios del Transporte Público por la desastrosa implantación del nuevo sistema recaigan sobre el Metro de Santiago. Por el contrario, la eficiente respuesta de la empresa estatal ha contribuido a aminorar el drama de los trabajadores afectados por el Transantiago.
4. Precisamente la buena experiencia del Metro lleva a plantear la necesidad de que en el STP el sector estatal juegue un papel relevante como operador. Entre las medidas de parche que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la crisis creada por él mismo con la implantación del TS, es valorable aquella que gestiona los llamados “buses clones” del Metro con máquinas administradas por la empresa estatal. Esta medida debe hacerse permanente y debe ampliarse a todos los segmentos del sistema que no sean satisfactoriamente atendidos por los operadores privados. Debe dotarse a Metro SA o eventualmente a una empresa estatal específica para gestionar transporte de superficie, de las capacidades legales y financieras como para que pase a jugar a plenitud un papel central del STP de la Región Metropolitana. Se tiene presente que “la solución legislativa más expedita para la creación de una empresa pública de transporte de superficie es una ley de quórum calificado, conforme al artículo 19 N º 21, de la Constitución Político, de iniciativa del Ejecutivo, conforme a lo señalado por el artículo 62 N º 2, de la misma Constitución”.
5. A nivel local, en las comunas y en los barrios de Santiago, los Municipios pueden y deben jugar un papel significativo como proveedores del servicio de transporte público. Actuando de manera independiente, en asociación con otras Municipalidades y/o con la empresa estatal de transporte, debe facilitarse y estimularse que los Municipios dispongan, administren y operen recorridos de buses alimentadores, especialmente aquellos orientados a sectores sociales específicos que han sido gravemente perjudicados por el TS como es el caso de los niños escolares, de discapacitados, de mujeres embarazadas y de la tercera edad. A la vez, la organización municipal de transporte puede y debe potenciar más recorridos alimentadores, diseñados con la activa participación de los propios habitantes de la Comuna, organizados en los Comités de Usuarios del TP u otras organizaciones sociales representativas. Para disipar las dudas legales que este planteamiento pudiera crear en algunos santiaguinos, conviene también tener presente que “la propia ley orgánica constitucional de municipalidades, Nº 18.695, previene en su artículo 4º, que los municipios, en su territorio, podrán “desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con: … h) El transporte y tránsito públicos.”
6. Más allá de la defectuosa planificación de los recorridos alimentadores, que dejaron a grandes sectores de pobladores sin un bus cercano a su hogar, el nuevo sistema falla por los tiempos de viaje .en superficie y por los tiempos de transbordo. Para aliviar esta situación se requiere urgentemente realizar los proyectos y ejecutar las obras pendientes de las llamadas estaciones intermodales y de las vías segregadas. Para ello debe disponerse un programa extraordinario de recursos, que de respuesta a una condición básica de la operación del nuevo STP. A mediano plazo, deben completarse los estudios y ejecutarse las obras necesarias para incorporar en la red del Transantiago servicios de trenes sub urbanos, particularmente las líneas Til-Til – Santiago y Melipilla – Santiago. Somos además partidarios de continuar desarrollando la proyección de líneas del metro o de modernos tranvías de superficie a las comunas más pobladas de la Región.
7. En el corto plazo deben adoptarse iniciativas que apunten a compensar o aminorar el daño producido a los habitantes de Santiago. Entre esas propuestas figuran:
a) Congelamiento de la tarifa en $380 adultos y $120 estudiantes, al menos por un año
b) Mantener la tarifa rebajada para la tercera edad y los minusválidos.
c) Multiplicar el número de lugares en que pueda habilitarse la tarjeta bip
d) Rebajar el valor de la carga mínima de la tarjeta bip al equivalente de un pasaje.
e) Permitir, al menos en las llamadas “zonas pago”, que se cancele el ingreso con monedas.
f) Estudiar la aplicación de una tarifa diferenciada para los trayectos cortos y la eventual introducción de tarjetas válidas para un número de días con un precio fijo.
g) Mejorar sustancialmente la señalética del STP. La actual no es útil para la tercera edad
h) La extensión del horario del metro a inicio a las 06:00 hrs para los días laborales y término a las 24 hrs. Los trabajadores necesarios para cumplir con esta nueva jornada deben ser contratados por Metro.
i) Que una ley declare como situación de fuerza mayor los problemas de transporte de pasajeros, de manera que ningún trabajador pueda ser despedido por atrasos derivados del STP
j) Que se otorgue una asignación legal de movilización para todos los trabajadores activos y pasivos de $34.000, que equivale a 4 pasajes diarios promedio, por 22 días laborales, no compatible con la establecida en contratos individuales y colectivos y/o leyes especiales, para recompensar el mayor gasto que ha significado el Transantiago, por un año, a lo menos.
8. La introducción de un nuevo sistema de TP no puede vulnerar las conquistas ni los derechos adquiridos por sectores de trabajadores. Estamos por:
a) asegurar la dignidad de los trabajadores del Transantiago, ya sea garantizando las condiciones humanas de los terminales como los salarios dignos para un buen desempeño. Ante igual trabajo debe existir similar sueldo o salario. Se requiere incorporar un sistema de acercamiento (hogar – terminal – hogar) para los conductores.
b) que se de cumplimiento a los ofrecimientos hechos por las autoridades a los vendedores ambulantes, los cantantes populares y aquellos trabajadores ligados al transporte de pasajeros.
9. El nuevo STP debe promover y facilitar el uso de medios de transporte alternativos, tales como bicicletas o motocicletas urbanas. Se debe incorporar en la planificación de transporte urbano las peticiones de las organizaciones de usuarios de esos medios, que demandan vías segregadas seguras.
10. En el plano institucional, proponemos además
a) La creación de un concejo metropolitano del transporte público de pasajeros a nivel del ministerio de transporte (por ley o decreto supremo), conformado democráticamente con concejales, alcaldes y otras autoridades y representantes de las uniones vecinales, organizaciones de usuarios, estudiantes, sindicatos, etc., que tenga facultades decisorias y permita el vínculo de las políticas de transporte con las necesidades de la los habitantes de la Región
b) La creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que revise todo el proceso de gestación, planificación, implementación y demás aspectos del Transantiago, para determinar las responsabilidades políticas por los graves problemas y daños causados a la población de Santiago.
2. En la articulación de factores y componentes del STP el sector privado puede tener participación. Sin embargo, la regulación del sistema como un todo compete al Estado. La garantía del ejercicio del derecho a movilizarse con calidad y a tarifas razonables no es delegable en privados. Tampoco es justificable para el Gobierno la tolerancia a las fallas del STP bajo el argumento de que se trata de un “conflicto entre privados” o de un “incumplimiento” de privados (lamentables ejemplos de ello son la incapacidad demostrada para hacer circular el número mínimo de buses comprometidos por los operadores o la incapacidad de hacer que el nuevo sistema habilite el mecanismo de monitoreo de frecuencias basado en tecnología GPS).
3. El eje del STP implantado en la Región Metropolitana bajo el nombre de Transantiago es el Ferrocarril Metropolitano o Metro de Santiago, administrado y operado por una empresa estatal, Metro SA, que ha demostrado con creces la capacidad de un ente público para gestionar un patrimonio social con eficiencia. Por lo mismo, no es conveniente que los graves problemas creados a los usuarios del Transporte Público por la desastrosa implantación del nuevo sistema recaigan sobre el Metro de Santiago. Por el contrario, la eficiente respuesta de la empresa estatal ha contribuido a aminorar el drama de los trabajadores afectados por el Transantiago.
4. Precisamente la buena experiencia del Metro lleva a plantear la necesidad de que en el STP el sector estatal juegue un papel relevante como operador. Entre las medidas de parche que ha adoptado el Gobierno para hacer frente a la crisis creada por él mismo con la implantación del TS, es valorable aquella que gestiona los llamados “buses clones” del Metro con máquinas administradas por la empresa estatal. Esta medida debe hacerse permanente y debe ampliarse a todos los segmentos del sistema que no sean satisfactoriamente atendidos por los operadores privados. Debe dotarse a Metro SA o eventualmente a una empresa estatal específica para gestionar transporte de superficie, de las capacidades legales y financieras como para que pase a jugar a plenitud un papel central del STP de la Región Metropolitana. Se tiene presente que “la solución legislativa más expedita para la creación de una empresa pública de transporte de superficie es una ley de quórum calificado, conforme al artículo 19 N º 21, de la Constitución Político, de iniciativa del Ejecutivo, conforme a lo señalado por el artículo 62 N º 2, de la misma Constitución”.
5. A nivel local, en las comunas y en los barrios de Santiago, los Municipios pueden y deben jugar un papel significativo como proveedores del servicio de transporte público. Actuando de manera independiente, en asociación con otras Municipalidades y/o con la empresa estatal de transporte, debe facilitarse y estimularse que los Municipios dispongan, administren y operen recorridos de buses alimentadores, especialmente aquellos orientados a sectores sociales específicos que han sido gravemente perjudicados por el TS como es el caso de los niños escolares, de discapacitados, de mujeres embarazadas y de la tercera edad. A la vez, la organización municipal de transporte puede y debe potenciar más recorridos alimentadores, diseñados con la activa participación de los propios habitantes de la Comuna, organizados en los Comités de Usuarios del TP u otras organizaciones sociales representativas. Para disipar las dudas legales que este planteamiento pudiera crear en algunos santiaguinos, conviene también tener presente que “la propia ley orgánica constitucional de municipalidades, Nº 18.695, previene en su artículo 4º, que los municipios, en su territorio, podrán “desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado funciones relacionadas con: … h) El transporte y tránsito públicos.”
6. Más allá de la defectuosa planificación de los recorridos alimentadores, que dejaron a grandes sectores de pobladores sin un bus cercano a su hogar, el nuevo sistema falla por los tiempos de viaje .en superficie y por los tiempos de transbordo. Para aliviar esta situación se requiere urgentemente realizar los proyectos y ejecutar las obras pendientes de las llamadas estaciones intermodales y de las vías segregadas. Para ello debe disponerse un programa extraordinario de recursos, que de respuesta a una condición básica de la operación del nuevo STP. A mediano plazo, deben completarse los estudios y ejecutarse las obras necesarias para incorporar en la red del Transantiago servicios de trenes sub urbanos, particularmente las líneas Til-Til – Santiago y Melipilla – Santiago. Somos además partidarios de continuar desarrollando la proyección de líneas del metro o de modernos tranvías de superficie a las comunas más pobladas de la Región.
7. En el corto plazo deben adoptarse iniciativas que apunten a compensar o aminorar el daño producido a los habitantes de Santiago. Entre esas propuestas figuran:
a) Congelamiento de la tarifa en $380 adultos y $120 estudiantes, al menos por un año
b) Mantener la tarifa rebajada para la tercera edad y los minusválidos.
c) Multiplicar el número de lugares en que pueda habilitarse la tarjeta bip
d) Rebajar el valor de la carga mínima de la tarjeta bip al equivalente de un pasaje.
e) Permitir, al menos en las llamadas “zonas pago”, que se cancele el ingreso con monedas.
f) Estudiar la aplicación de una tarifa diferenciada para los trayectos cortos y la eventual introducción de tarjetas válidas para un número de días con un precio fijo.
g) Mejorar sustancialmente la señalética del STP. La actual no es útil para la tercera edad
h) La extensión del horario del metro a inicio a las 06:00 hrs para los días laborales y término a las 24 hrs. Los trabajadores necesarios para cumplir con esta nueva jornada deben ser contratados por Metro.
i) Que una ley declare como situación de fuerza mayor los problemas de transporte de pasajeros, de manera que ningún trabajador pueda ser despedido por atrasos derivados del STP
j) Que se otorgue una asignación legal de movilización para todos los trabajadores activos y pasivos de $34.000, que equivale a 4 pasajes diarios promedio, por 22 días laborales, no compatible con la establecida en contratos individuales y colectivos y/o leyes especiales, para recompensar el mayor gasto que ha significado el Transantiago, por un año, a lo menos.
8. La introducción de un nuevo sistema de TP no puede vulnerar las conquistas ni los derechos adquiridos por sectores de trabajadores. Estamos por:
a) asegurar la dignidad de los trabajadores del Transantiago, ya sea garantizando las condiciones humanas de los terminales como los salarios dignos para un buen desempeño. Ante igual trabajo debe existir similar sueldo o salario. Se requiere incorporar un sistema de acercamiento (hogar – terminal – hogar) para los conductores.
b) que se de cumplimiento a los ofrecimientos hechos por las autoridades a los vendedores ambulantes, los cantantes populares y aquellos trabajadores ligados al transporte de pasajeros.
9. El nuevo STP debe promover y facilitar el uso de medios de transporte alternativos, tales como bicicletas o motocicletas urbanas. Se debe incorporar en la planificación de transporte urbano las peticiones de las organizaciones de usuarios de esos medios, que demandan vías segregadas seguras.
10. En el plano institucional, proponemos además
a) La creación de un concejo metropolitano del transporte público de pasajeros a nivel del ministerio de transporte (por ley o decreto supremo), conformado democráticamente con concejales, alcaldes y otras autoridades y representantes de las uniones vecinales, organizaciones de usuarios, estudiantes, sindicatos, etc., que tenga facultades decisorias y permita el vínculo de las políticas de transporte con las necesidades de la los habitantes de la Región
b) La creación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que revise todo el proceso de gestación, planificación, implementación y demás aspectos del Transantiago, para determinar las responsabilidades políticas por los graves problemas y daños causados a la población de Santiago.
Comité de Usuarios
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