Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan al alcalde del Partido Popular (derecha) de la localidad grancanaria de Mogán, José Francisco González (PP) y otros cuatro funcionarios municipales, acá en España.
En un sistema "democrático", entre comillas disculpen la insistencia, como el nuestro se exige de sus diferentes autoridades, léase: Presidentes, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes, lealtad política a sus funcionarios, esta lealtad en los espacios que administran "la cosa pública" debe ajustarse estrictamente a la protección, vigilancia, control y sometimiento al marco normativo imperante, especialmente los referentes a la probidad y, por ende, al uso oportuno, eficaz y eficiente de los recursos públicos, la cual de esta manera, no puede implicar una adhesión político partidista.
En el ámbito municipal es común percibir una sensación de cohersión sobre funcionarios que con anterioridad han manifestado o adscrito a posturas, visiones e ideas, diferentes al monarca de turno. Algunos logran sobrellevar esta fuente de poder que les amenaza, realizando su trabajo "en la medida de lo posible", están los otros que, asumiendo condiciones miméticas, cual adaptación de algunos organismos a cierta información ya presente en su medio (insectos, peces, mamíferos, etc.) se procuran su sobrevivencia logrando desdoblar su pasado y genu flexear sus ideas.
La neutralidad política de los funcionarios debe vincularse al grado de imparcialidad y objetividad del acto público, en la ejecución de su labor diaria. Sin embargo, por otra parte, es de capital importancia que se logren identificar con las nuevas propuestas a desarrollar. Los procesos de cambio que se requieren en la administración local, hoy más que ayer, exigen aires frescos, que revitalicen el primer espacio de vinculo entre el Estado y las Personas, para esto se requiere un recurso humano, mejor dicho seres humanos, dispuestos a liderar el cambio, pues la complejidad no radica en su resistencia.
Las detenciones parten de una investigación policial originada en junio de 2006, por dos concejales del propio PP, Carmen Delia e Isabel Santiago, que luego de denunciar esta situación al Partido de forma infructuosa decidieron abandonar sus puestos y al conglomerado, acudiendo a la justicia. Ejemplo digno de imitar, por cierto que si.
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