La corrupción adquiere hoy una especial connotación: los casos que publica la prensa, el escándalo de los Programas Generales de Empleo o CHILEDEPORTES dan la impresión que la corrupción habría se habría convertido en “problema más” de nuestro tiempo. Si bien es cierto ningún sistema político/económico puede garantizar la ausencia de vicios, hechos dolosos y uso indebido de recursos públicos se evidencia que el Neoliberalismo como reproductor de un modelo salvaje de competencia y exclusión, crea condiciones favorables para su desarrollo.
La legitimación del ejercicio del poder está sometida a una presión, afortunadamente hoy mucho más fuerte que antes. A los ojos de los ciudadanos, la corrupción quebranta la confianza en la integridad del Estado, de sus Instituciones y de sus funcionarios; su manifestación reiterada tiene el efecto de una bola de nieve (o de fuego). La sociedad en su conjunto, no solo el Estado es puesta a prueba y, con mucha frecuencia, el proceso de aprendizaje junto los decálogos o directrices “éticas” no logran ser suficientes, el punto no es su expresión, sus consecuencias, el real problema es sistémico y requiere respuestas adaptativas.
Uno de los factores que fomentan la corrupción, a mi juicio el más complejo, es la falta de conciencia del delito en los involucrados: “yo soy PPD y pienso como PPD” expresó un involucrado, esa falta de conciencia del delito, incluso cuando la punibilidad es evidente, es clara señal de un sistema organizativo con pérdida o alteración general de los valores más altos e inspiradores de una sociedad moderna.
La corrupción política presupone una violación de los intereses vinculados al bien común en el marco de una actividad de la cual se debe dar cuentas públicamente. Es sólo un reflejo de la decadencia de las instituciones. El catálogo de las acciones corruptas incluye el soborno, el chantaje, la venta de influencias, el nepotismo, la estafa o la malversación.
Por tanto, se debe crear transparencia, restringir las facultades discrecionales y fortalecer la posibilidad de reclamar responsabilidades políticas y legales. El eje central del combate a la corrupción radica en la creación de Instituciones plenamente independientes: auditoria social, un parlamento representativo y no excluyente, ausencia de presiones por parte del Ejecutivo, una prensa independiente, crítica y la obligación de administrar con responsabilidad ya sea un país, una comuna o una junta de vecinos.
La legitimación del ejercicio del poder está sometida a una presión, afortunadamente hoy mucho más fuerte que antes. A los ojos de los ciudadanos, la corrupción quebranta la confianza en la integridad del Estado, de sus Instituciones y de sus funcionarios; su manifestación reiterada tiene el efecto de una bola de nieve (o de fuego). La sociedad en su conjunto, no solo el Estado es puesta a prueba y, con mucha frecuencia, el proceso de aprendizaje junto los decálogos o directrices “éticas” no logran ser suficientes, el punto no es su expresión, sus consecuencias, el real problema es sistémico y requiere respuestas adaptativas.
Uno de los factores que fomentan la corrupción, a mi juicio el más complejo, es la falta de conciencia del delito en los involucrados: “yo soy PPD y pienso como PPD” expresó un involucrado, esa falta de conciencia del delito, incluso cuando la punibilidad es evidente, es clara señal de un sistema organizativo con pérdida o alteración general de los valores más altos e inspiradores de una sociedad moderna.
La corrupción política presupone una violación de los intereses vinculados al bien común en el marco de una actividad de la cual se debe dar cuentas públicamente. Es sólo un reflejo de la decadencia de las instituciones. El catálogo de las acciones corruptas incluye el soborno, el chantaje, la venta de influencias, el nepotismo, la estafa o la malversación.
Por tanto, se debe crear transparencia, restringir las facultades discrecionales y fortalecer la posibilidad de reclamar responsabilidades políticas y legales. El eje central del combate a la corrupción radica en la creación de Instituciones plenamente independientes: auditoria social, un parlamento representativo y no excluyente, ausencia de presiones por parte del Ejecutivo, una prensa independiente, crítica y la obligación de administrar con responsabilidad ya sea un país, una comuna o una junta de vecinos.
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